Asesoramiento jurídico especializado en Derecho de Familia

Las crisis matrimoniales no resueltas satisfactoriamente determinan la necesidad de cesar la convivencia y, consecuentemente, vivir de forma separada, debiendo para ello obtenerse una sentencia de separación o de divorcio. La diferencia entre ambas estriba en que, en tanto que con la separación subsiste el vínculo, no ocurre así con el divorcio.

De igual modo, la ruptura de la convivencia de pareja existiendo hijos menores conlleva la necesidad de regular las consecuentes medidas a través de un procedimiento judicial.

Las medidas personales y economicas pactadas en el convenio regulador o resueltas judicialmente en la sentencia pueden modificarse. De tal modo, si cambian las circunstancias que en su momento fueron tenidas en cuenta, también deben hacerlo las medidas. Así, puede modificarse el régimen de guarda y visitas sobre los hijos menores, las pensiones alimenticias y forma de contribución a las necesidades de estos, la atribución del uso de la vivienda familiar, la pensión compensatoria, etc.

La Administración Pública mantiene la competencia en materia de protección de menores. No obstante, en su actuación pueden llevar a cabo acciones o dictar resoluciones que pueden resultar injustas y contrarias a derecho, necesitando los afectados, en tal caso contar con la oportuna defensa jurídica.

La voluntad personal también debe ser respetada y, para ello, necesita ser clara y adecuadamente plasmada en vida. Pese a ello, es posible que surjan problemas familiares como consecuencia de la falta de acuerdo al momento de llevar a efecto dicha voluntad y, con ello, puede necesitarse la intervención de una adecuada y especializada defensa jurídica.

En multitud de ocasiones las medidas resueltas judicialmente en sentencia o pactadas en convenio regulador no se cumplen, necesitando por ello recurrir al auxilio judicial para obtener el efectivo cumplimiento de las mismas.

La confección de pactos prematrimoniales en previsión de ruptura no ha sido una práctica usual

en nuestro pais. Sin embargo,  es lo cierto que ello está cambiando y cada día más personas reconocen la utilidad de los mismos, visto que, antes de iniciar una relación de convivencia o matrimonio, puede resultar muy conveniente pactar determinados aspectos de la misma, tanto personales, como económicos y patrimoniales.

Cuando la filiación no puede obtenerse por cauces naturales, tal deseo de paternidad o maternidad puede alcanzarse mediante la adopción de menores. La adopción, como el acogimiento familiar, es propiamente un recurso de protección de menores.

Las relaciones familiares pueden conllevar la aparición de importantes conflictos que necesariamente afectan de modo fundamental a la persona y que necesitan de resolución. El principal cometido de cualquier intervención familiar debe ser siempre la obtención de una solución negociada. La vía judicial será siempre una indeseable solución ante el imposible consenso.

En ocasiones la filiación de los menores determinada registralmente puede no corresponderse con la biológica o la intencional. En tales casos resulta necesario obtener un pronunciamiento judicial que así lo declare, bien impugnando la filiación establecida, bien reclamando una filiación que no lo está.