La falta de regulación obliga a los facultativos a crear guías propias de actuación

September 11, 2019

La falta de regulación obliga a los facultativos a crear guías propias de actuación

Los conflictos que se producen en el ámbito de la Sanidad por los desacuerdos entre padres separados sobre los tratamientos médicos prescritos a sus hijos son uno de los principales motivos de queja por parte de los facultativos ante los colegios profesionales. Lo denuncian varias entidades colegiales y lo confirma Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial (OMC), el organismo que representa a todos los Colegios Oficiales de Médicos a nivel estatal.

El debate en la comunidad médica existe desde hace tiempo, pero se ha reavivado este verano a raíz de un caso en Vigo que acabó en los juzgados. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó un auto el pasado 22 de julio por el que autorizaba a un padre a vacunar a sus dos hijos menores frente a la postura contraria de la madre, que alegaba que la vacunación es voluntaria en España y ella estaba en contra. El magistrado basó su sentencia en que la mayoría de los estudios científicos sobre la materia llevan a concluir que “los beneficios de las vacunas son innegables tanto a nivel individual como poblacional” y razonaba que, ante los criterios enfrentados de ambos progenitores, debía analizar el “interés superior del hijo” y éste le llevaba a autorizar al padre a vacunar a los menores.

Conductas irresponsables

Los progenitores usan el sistema de salud en beneficio propio en procesos de custodia

Pero el tema de las vacunas es sólo uno de los numerosos motivos de controversia entre cónyuges separados que acaban salpicando a los médicos: “Es frecuente que personas implicadas en procesos judiciales de separación o divorcio se intenten aprovechar del proceso asistencial para su propio beneficio, que no siempre coincide con el interés del menor”, explican fuentes del Colegio de Médicos de Barcelona, donde se trabaja sobre la resolución de estos conflictos en sesiones de formación interna a profesionales.

 

Los más afectados son los pediatras y los médicos de familia, pero también los profesionales de los servicios de Psiquiatría infantil yPsicología pediátrica. No en vano, una de las casuísticas más comunes es la de progenitores que exigen certificados médicos sobre la salud mental del menor que les resulten útiles para sus intereses en procesos de guarda y custodia de los niños.

 

Ante estas situaciones, los profesionales médicos a menudo deben ejercer de mediadores entre las dos partes y decidir sobre la base del bien superior del menor, lo que en ocasiones deriva en episodios de estrés e incluso en amenazas o denuncias: “Es un problema jurídico”, opina el médico de familia Rodríguez Sendín. “Pero las cuestiones de patria potestad compartida son muy difíciles de regular, más allá de casos claros como el de las vacunaciones, sobre el que sí podría establecerse la obligatoriedad”.

 

José Gabriel Ortolá, miembro de la Junta Directa de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), explica la problemática legal: “Cuando los progenitores rompen su convivencia y ambos conservan la patria potestad de los hijos (que es distinta a la custodia, y que sólo se retira a los progenitores en casos excepcionales), toda decisión relativa a cuestiones esenciales del desarrollo del menor -del ámbito sanitario, educativo, emocional o incluso del credo- deben ser comúnmente autorizadas”.

Estrés adicional

Pediatras y médicos de familia deben ejercer de mediadores entre parejas enfrentadas

El vacío legal se arrastra desde hace varias décadas, cuando las separaciones no eran tan habituales en España: “Antes se tenía la percepción que quien tenía la guarda decidía si sometía a su hijo a una intervención o a qué escuela lo matriculaba. Y la Administración a menudo lo aceptaba sin saber si el otro cónyuge había sido informado o si consentía”, sigue el abogado. Hoy en día se han regulado algunos ámbitos, pero no el sanitario. Por ejemplo, en muchas comunidades no se puede cambiar de centro escolar a un menor sin el consentimiento expreso de ambos cónyuges, de modo que un progenitor no puede decidir sobre esta cuestión sin consensuar su postura con el otro; en cambio, la ley no obliga a que un niño cumpla el calendario de vacunación o a sea sometido a un tratamiento psicológico, lo que da lugar a discrepancias que a menudo se resuelven en los juzgados, ya de por sí saturados.

Ante la falta de regulación y de mecanismos de mediación, algunas entidades colegiales ya han tomado cartas sobre el asunto. Es el caso del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), cuya Comisión Deontológica publicó esta semana un decálogo de recomendaciones que servirá como guía de conducta para los facultativos que se vean implicados en enfrentamientos entre cónyuges. Esta Comisión insiste en que es fundamental que los padres entiendan que los hijos tienen derecho a tener unos padres maduros, que resuelvan sus conflictos como adultos responsables y que en cualquier caso prioricen los intereses de los menores.

 

El vacío legal se arrastra desde hace varias décadas, cuando las separaciones no eran tan habituales en España: “Antes se tenía la percepción que quien tenía la guarda decidía si sometía a su hijo a una intervención o a qué escuela lo matriculaba. Y la Administración a menudo lo aceptaba sin saber si el otro cónyuge había sido informado o si consentía”, sigue el abogado. Hoy en día se han regulado algunos ámbitos, pero no el sanitario. Por ejemplo, en muchas comunidades no se puede cambiar de centro escolar a un menor sin el consentimiento expreso de ambos cónyuges, de modo que un progenitor no puede decidir sobre esta cuestión sin consensuar su postura con el otro; en cambio, la ley no obliga a que un niño cumpla el calendario de vacunación o a sea sometido a un tratamiento psicológico, lo que da lugar a discrepancias que a menudo se resuelven en los juzgados, ya de por sí saturados.

Ante la falta de regulación y de mecanismos de mediación, algunas entidades colegiales ya han tomado cartas sobre el asunto. Es el caso del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), cuya Comisión Deontológica publicó esta semana un decálogo de recomendaciones que servirá como guía de conducta para los facultativos que se vean implicados en enfrentamientos entre cónyuges. Esta Comisión insiste en que es fundamental que los padres entiendan que los hijos tienen derecho a tener unos padres maduros, que resuelvan sus conflictos como adultos responsables y que en cualquier caso prioricen los intereses de los menores.

 

 

 

Decálogo de recomendaciones del Icomem

 

1. El médico debe centrarse en el interés de los niños.

 

2. El médico debe ser neutral y no hacer juicios personales.

 

3. Los padres con patria potestad tienen el derecho a la información sobre lo que les ocurre

a sus hijos.

 

4. Si el conflicto entre progenitores es conocido, todo lo que no sean revisiones pediátricas normales, tratamientos habituales o situación de urgencia, requiere del consentimiento de ambos. 

 

5. En caso de que se sospeche gravedad en cualquier proceso médico el profesional derivará

al menor a urgencias o al especialista.

 

6. Si hay desacuerdo entre los padres, se intentará llegar a una decisión aceptada por todos.

Si no es posible se planteará la mediación profesional y si ésta no es aceptada, los padres acudirán al juez.

 

7. La historia clínica es un documento sobre el proceso de salud-enfermedad del paciente. Nada que no tenga relación con ello debe incorporarse.

 

8. Los comentarios subjetivos escritos en la historia tendrán carácter confidencial y no podrán imprimirse.

 

9. Sólo se deben hacer informes de salud para los titulares del derecho a la información

clínica (pacientes, progenitores o representantes legales). Y son ellos los que definen el uso que pretendan dar a los mismos.

 

 

 

 

 

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